Son numerosas las implicaciones que trae consigo el crimen organizado y su principal actividad, el narcotráfico. La violencia está natural e irresolublemente asociada a este tipo de actividades y para ello el tráfico ilegal de armas es un mercado imprescindible. La relación entre estos negocios favorece su retroalimentación y dificulta su persecución.
Cabría diferenciar en este momento dos tipos de mercados: el de armas ligeras y el de armas de gran calibre y pesadas. Como consecuencia de ambos mercados, Iberoamérica es la región donde muere el mayor número de personas a causa de armas de fuego. Y ciertamente aunque son diferentes, ambos tipos de tráficos alimentan los crecientes niveles de violencia iberoamericanos que se encuentran entre los más altos del mundo, pese a no padecer ninguna guerra. Son muy distintas las motivaciones para adquirir armas y diferentes los clientes del mercado de armas ligeras, no obstante sus principales demandantes son los delincuentes y las pandillas callejeras. Aunque no puede dejar de tenerse en cuenta la demanda de los propios ciudadanos, ya que muchos de ellos, ante la violencia dominante y la percepción de desprotección que tienen, optan por intentar defenderse adquiriendo dichas armas.
El miedo de los ciudadanos no sólo procede de la violencia generada por esta delincuencia callejera, sino también por la del crimen organizado. En este caso, además de participar en el mercado de armas ligeras, es demandante de armas de alto calibre y de armamento pesado, que desde luego supera el poder de las armas de la policía y son equiparables a las del ejército, corporación a la que tradicionalmente se ha reservado este tipo de armamento. Informes del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), organismo dependiente de la Procuraduría General de la República de México (PGR), junto a otras fuentes, revelan algunas de las preferencias del crimen organizado. Granadas de fragmentación, modernos lanzacohetes, lanzagranadas, fusiles de asalto AR15, AK47 y HK91; rifles auto o semiautomáticos; metralletas Uzi, subametralladoras o metralletas militares como las tipo Barret, que penetran blindaje y pueden realizar hasta 600 disparos por minuto; y otras armas de gran poder ofensivo componen el potencial de fuego con que cuenta el narcotráfico en México.
Lo cierto es que pese a su importancia no se conoce demasiado y no se tiene control sobre las rutas de este mercado. La mayoría de los gobiernos iberoamericanos consideran a Estados Unidos y Europa como los principales proveedores. Podría decirse que incluso muchos de ellos responsabilizan a estas regiones no sólo del tráfico de armas, sino también del narcotráfico, ya que mientras desde Europa y Estados Unidos se atienden las demandas de este mercado, también de allí procede la demanda de droga. Aunque estas acusaciones estén fundamentadas en la realidad, sin embargo no parece que este sea todo el problema y sería un error contemplarlo sólo desde esta perspectiva. En primer lugar porque el consumo de drogas en los últimos años también está aumentando en América Latina y en segundo porque también hay países iberoamericanos, no sólo de fuera de la región, que están abasteciendo este mercado. El gobierno mexicano ha criticado en numerosas ocasiones la falta de control que las autoridades norteamericanas tienen sobre la exportación de estas armas a México. Un negocio muy lucrativo que no parece que el gobierno de Estados Unidos tenga gran interés en controlar. Sin embargo mas allá de eximirse de responsabilidades, quizás en efecto no sea el único proveedor. Según revela un cable diplomático filtrado por Wikileaks, las armas más poderosas y de grueso calibre usadas por el crimen organizado en México ingresan al país por Centroamérica y no por EEUU. El armamento proviene de arsenales de los ejércitos de Centroamérica y entran como contrabando por la frontera entre México y Guatemala.
Las causas de este problema no parece que se encuentren en la inexistencia de normativa jurídica que la combata. De hecho la mayoría de los países de la región poseen un sistema penal que contempla penas muy severas en todas las cuestiones relacionadas con este mercado, la compra, la venta, el transporte, la importación, exportación, posesión y el uso de estas armas. Sin embargo, pese a ello, a diario se trafica sin ningún tipo de registro ni control.
El principal problema radica en la incapacidad de los estados para controlar el crimen organizado. Los resultados siempre serán limitados mientras que el sistema de justicia no sea reformado y fortalecido, que persista la impunidad, la corrupción o la descoordinación entre las instituciones estatales. Estos son algunos de los factores que explican, en mayor o menor medida, la debilidad de muchos estados iberoamericanos y su incapacidad por ello para cuanto menos controlar todos estos negocios ilícitos. De manera que además de ser necesaria una mayor cooperación internacional como solicitaba recientemente J. Mª Insulza, Secretario general de la OEA, es imprescindible fortalecer el estado. La única manera de controlar el crimen organizado, es evitando que éste establezca impunemente sus propias leyes, al margen de la legalidad. Una situación que amenaza a la democracia y que solo es posible resolver si es estado es capaz de controlar su propio territorio e imponer el imperio de la ley.
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